Las peticiones salariales de los sindicatos reventarían el margen de las empresas y provocarían inflación

Las peticiones salariales de los sindicatos UGT y CCOO, que reclaman un aumento de sueldos del 5% para el año pasado -que habría que completar con una actualización-, de un 4,5% durante 2023 y del 3,75% para 2024 -un incremento acumulado del 13% en tres años- reventarían el margen de maniobra de las compañías, dañarían su cuenta de resultados y provocarían más inflación, según diversos empresarios consultados por OKDIARIO que están seriamente preocupados por esta deriva reivindicativa. «Parece que viven en otro mundo», aseguran. En un momento en que el crecimiento económico va a la baja, la inflación da muestras evidentes de resistencia a ceder, la productividad no despega y hay muchas compañías en proceso de ajuste de las plantillas y que con pérdidas, las demandas sindicales con peticiones de subidas tan elevadas «provocarán un choque laboral así como un choque inflacionario».

De aceptarse tal clase de reclamaciones se entraría en la espiral precios-salarios -debido a los llamados efectos de segunda ronda- que es la que más teme y trata de evitar el Banco Central Europeo con su política de altos tipos de interés iniciada en junio de 2022. Adicionalmente, unas subidas salariales tan intensas destrozarían la estabilidad de la economía y fulminan todas las previsiones sobre la coyuntura realizadas hasta la fecha. De hecho, según las estimaciones recogidas en el Panel de Funcas -la Fundación de las Cajas de Ahorros-, que incluye los pronósticos de los principales organismos y servicios de estudio del país, la remuneración media por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo está muy por debajo de las ambiciones sindicales.

La media del consenso es que las retribuciones subirán este año un 3,4%, y sólo el servicio de estudios de BBVA la eleva hasta un 3,8%, mientras la patronal de empresarios la sitúa en apenas un 2,9%. Precisamente, CEOE está analizando en estos momentos las reivindicaciones de los sindicatos para dar una respuesta de manera oficial en el marco de la negociación colectiva. Como viene siendo habitual, la organización hace tiempo que viene siendo presionada por el Gobierno, desde su presidente Pedro Sánchez hasta las principales responsables al respecto: las vicepresidentas Nadia Calviño, al frente de la cartera de Economía, y Yolanda Díaz, a cargo del Ministerio de Trabajo. Todos ellos han instado a la entidad que preside Antonio Garamendi para que las empresas suban decididamente el sueldo de los trabajadores a fin de que recuperen el poder adquisitivo. Sin embargo, un movimiento de este tipo daría al traste con el resto de las previsiones sobre la marcha del año, tanto en términos de crecimiento económico como de inflación, es decir, que dejaría prácticamente inservible el cuadro macro del propio Ejecutivo.

La subida de la inflación en febrero -hasta el 6,1%, dos décimas más- y sobre todo el comportamiento alcista del índice subyacente, que ha aumentado hasta el 7,7% -una vez descontada la evolución de la energía y de los alimentos sin elaborar- auguran una mayor conflictividad laboral en busca de subidas salariales que eviten lo más posible la pérdida de renta, pero que, en el fondo, contribuirán a empujar la inflación en el futuro. Este fenómeno viene impulsado además desde el propio Gobierno con su decisión de aumentar las pensiones un 8,5%, indiciar a la inflación otros instrumentos de protección social -como el ingreso mínimo vital- o elevando desproporcionadamente el sueldo de los funcionarios.